¿Qué pasa si dejan de existir los límites para comprar nuestra tierra y nuestra agua, para vender tierras después de un incendio, o para desalojar en cuestión de días a quien no puede pagar el alquiler? Eso es lo que el Senado discute esta semana, en nombre de la seguridad jurídica y las inversiones. Para nuestra fe, la creación es un don que se cuida, no una mercancía que se remata al mejor postor.
Menos límites, más concentración
El gobierno argentino somete a debate en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa orientada a agilizar judicialmente los desalojos, flexibilizar el uso de tierras incendiadas y liberar la compra de tierras rurales a capitales extranjeros. El proyecto llega al recinto tras varias postergaciones por falta de consensos y bajo una fuerte resistencia opositora, que advierte sobre los riesgos que genera para la soberanía territorial y los recursos naturales.
Horas antes de la sesión, el oficialismo decidió retirar de la discusión el capítulo que eliminaba los límites a la compra extranjera de tierras rurales, no consiguió los votos necesarios, en gran parte porque bloques aliados empezaron a sentir la presión de la movilización social y de gobernadores que se manifestaron en contra. No fue un rechazo definitivo, sino una retirada táctica: el capítulo vuelve a comisión y podría reaparecer más adelante. Mientras tanto, siguen en pie en la sesión de mañana los capítulos sobre manejo del fuego y desalojos.
La Ley de Tierras Rurales (N° 26.737) no prohíbe la compra de tierra por parte de personas extranjeras, pone límites. Ninguna nacionalidad puede superar el 15% del territorio nacional, ni un mismo titular acumular más de determinada cantidad de hectáreas en las zonas productivas más codiciadas. El proyecto en debate elimina esos topes a nivel nacional y traslada la decisión a cada provincia.
Según el Observatorio de Tierras de la UBA, hoy hay alrededor de 13 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, cerca del 5% del país. Más de treinta departamentos ya superan ese límite del 15%, y al menos cinco superan la mitad de su territorio.
Un incentivo peligroso para el fuego
Esto es lo que sigue en pie. Hasta hoy, la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815) prohíbe cambiar el uso del suelo o vender tierras incendiadas durante 30 o 60 años. El proyecto elimina esa prohibición para las zonas rurales que no son bosque nativo. En la práctica, una tierra quemada fuera de esas áreas podría destinarse casi de inmediato a un emprendimiento inmobiliario o productivo.
Esto ocurre en un país donde los incendios son cada vez más frecuentes y arrasan flora, fauna y comunidades enteras en Misiones, Córdoba o la Patagonia.
Cómo impacta a nuestras comunidades
Sobre el corredor del río Paraná —una vía estratégica de agua, bosque y salida exportadora— se concentran algunos de los territorios más comprometidos del país. Misiones es la provincia más extranjerizada del litoral, el 11% de su territorio, más de 325.000 hectáreas, ya está en manos extranjeras, con fuerte peso del capital forestal chileno; en un departamento como Iguazú la cifra trepa a casi el 40% de la superficie rural.
En Entre Ríos la extranjerización es menor pero crece sobre la misma cuenca, con los departamentos de La Paz y Gualeguay, ambos sobre el Paraná, a la cabeza del mapa provincial. Sin los límites que hoy fija la ley, nada impediría que ese avance se profundice justamente donde vivimos, producimos y acompañamos.
Esta reforma no llega sola. Se lee junto a un conjunto de medidas que empujan en la misma dirección, reducir la capacidad del Estado de cuidar el territorio. La derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos sobre tierras indígenas mientras se completaba su relevamiento, dejó sin esa protección a muchas comunidades. A eso se suman el avance sobre la Ley de Glaciares, los incentivos del RIGI a las grandes inversiones y la presión sobre la Ley de Bosques Nativos, que quedaría como una de las últimas barreras de protección frente al cambio de uso del suelo.
No se trata solo de hectáreas. El agua dulce, los bosques y la biodiversidad son cada vez más estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática. Definir quién controla esos bienes es definir buena parte de nuestro futuro como país y nuestra soberanía.
Una preocupación que nace de la fe
La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) envió una carta abierta a senadores y senadoras pidiendo el rechazo del proyecto. Apoyándose en un texto del libro de Levítico «la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía» (Lv 25,23).
La Federación nos recuerda que la tierra es un don de Dios para sostener la vida, y no un bien destinado únicamente al negocio. También advierte que quitar los límites a la compra extranjera puede comprometer la soberanía, favorecer la concentración y desproteger a los pueblos originarios en los territorios que habitan ancestralmente.
La preocupación es ecuménica. Semanas atrás, la Pastoral Social del Episcopado, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) dirigieron una carta similar, «La tierra: madre, hermana y bien común», donde sostienen que la tierra no puede tratarse como una simple mercancía y que cuidarla es cuidar la vida.
Todavía se puede incidir
Nuestra fe nos llama a cuidar la creación como un bien común, no a dejar que se remate al mejor postor. Que el capítulo de tierras se haya frenado, al menos por ahora, muestra que la presión y la voz organizada tienen efecto. Sin embargo el proyecto se tratará en el recinto del Senado el jueves 6 de agosto con los capítulos de manejo del fuego y desalojos, y el de tierras puede reaparecer en cualquier momento.
A quienes sientan que la defensa de nuestra tierra, del agua y del futuro del país es también su causa, les proponemos informarse, movilizarse y contactar a los senadores y senadoras de su provincia.
Para profundizar: