Un informe internacional advierte sobre el deterioro sostenido del ambiente para la participación de la sociedad civil en Argentina. Menos diálogo institucional, menos financiamiento, discursos que estigmatizan a quienes se organizan para defender derechos. Como organización de fe que acompaña comunidades y sostiene una voz profética, este diagnóstico interpela.
Un deterioro que el informe documenta con precisión
El relevamiento, elaborado por el consorcio de organizaciones de la sociedad civil EU SEE, describe un proceso de achicamiento del ambiente habilitante para la sociedad civil argentina que comenzó con el cambio de gobierno de diciembre de 2023. Entre los elementos que perjudican las posibilidades de participación señala el protocolo de seguridad que habilita la represión de protestas sin orden judicial, el monitoreo de organizaciones y manifestantes, y la discontinuación en la práctica de espacios oficiales de diálogo con la sociedad civil, como el Consejo Económico y Social.
- Comunidades indígenas y campesinas, entre las más golpeadas
El informe dedica especial atención al impacto sobre los pueblos indígenas. La derogación de la Ley 26.160, que suspendía los desalojos sobre territorios indígenas mientras se resolvía su relevamiento y titularización, dejó a esas comunidades sin protección legal frente a intereses extractivistas y de capital privado.
- Menos financiamiento y diálogo, también para nosotros
El informe señala además una reducción del acceso a la cooperación internacional y una postura oficial hostil hacia organismos multilaterales, junto con la discontinuación de mesas de diálogo previstas por ley, como la que debería convocarse en el marco de la Ley de Cambio Climático.
- Comedores y centros comunitarios, también en la mira
En julio de 2025 se eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM), creado en 2020, que permitía identificar y canalizar asistencia alimentaria a más de 40.000 espacios comunitarios en todo el país. El Gobierno argumentó fallas en la base de datos, pero organizaciones sociales advirtieron que se trataba de un paso más en el ajuste alimentario y en la invisibilización de los actores territoriales.
- Estigmatizar para deslegitimar
El informe describe una estrategia sostenida de desprestigio hacia las organizaciones sociales, los sindicatos y los movimientos, que incluye calificar a los trabajadores estatales como «militantes» para restar valor a sus tareas. Algunos de los principales medios de comunicación del país replican y amplifican estas narrativas, en sintonía con el discurso oficial que acusa de intentar desestabilizar al gobierno a quienes legítima y democráticamente ejercen su derecho a la protesta o se organizan.
En un contexto donde se estrecha el espacio para organizarse, dialogar y disentir, reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento a comunidades vulneradas y defensa de los derechos humanos. Seguimos tejiendo redes y ejerciendo con transparencia una voz pública desde la fe. Invitamos a otras instituciones y redes eclesiales a fortalecer ese trabajo conjunto, hoy más necesario que nunca.
Fuente: EU SEE, Panorama del Ambiente Habilitante – Argentina