Venezuela: crisis de derechos humanos y ruptura del orden internacional

Los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026 en Venezuela marcan un punto de inflexión de enorme gravedad para el país y para América Latina. La captura de Nicolás Maduro en el marco de una intervención militar de los Estados Unidos reconfigura un escenario ya profundamente deteriorado, atravesado por una prolongada crisis política, social y humanitaria.

Desde hace años, Venezuela vive bajo un régimen autoritario que ha desconocido reiteradamente los derechos humanos y las reglas básicas de la democracia. La persecución a la oposición política, las detenciones arbitrarias, la represión violenta de manifestaciones, el vaciamiento de las instituciones y el desconocimiento de la voluntad popular han consolidado un gobierno que se sostiene mediante el miedo y la fuerza.

Las consecuencias de este proceso son visibles y dolorosas. Millones de personas enfrentan condiciones de vida marcadas por la escasez, la precariedad y la falta de acceso a derechos básicos. Más de ocho millones de venezolanas y venezolanos se han visto forzados a migrar, dando lugar a uno de los mayores desplazamientos humanos de la región. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado de forma reiterada esta situación y la persecución a quienes intentan documentarla o resistirla desde la sociedad civil.

En este contexto de profunda vulneración de derechos, la intervención militar estadounidense con un saldo de decenas de muertos no representa una reparación. Por el contrario, constituye una grave violación del derecho internacional y de los principios que regulan la convivencia entre los Estados. No se trató de una acción de legítima defensa ni de una operación avalada por mecanismos multilaterales, sino de un uso unilateral de la fuerza que desconoce la Carta de las Naciones Unidas, los acuerdos regionales y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

Los argumentos invocados para justificar la intervención resultan frágiles y contradictorios. Estados Unidos ha sostenido históricamente vínculos estrechos con regímenes autoritarios cuando estos se alinean con sus intereses estratégicos, lo que debilita cualquier pretensión de coherencia en nombre de la democracia o los derechos humanos. Tampoco el combate al narcotráfico explica la magnitud y la naturaleza de las acciones desplegadas, tal como han señalado organismos internacionales.

Lo que emerge con mayor claridad es una lógica geopolítica y económica. Venezuela concentra recursos estratégicos —especialmente petróleo y gas— en un escenario global atravesado por disputas de poder y por el avance de nuevas potencias. La apelación explícita a la hegemonía hemisférica y el retorno discursivo a la Doctrina Monroe refuerzan una visión que concibe a América Latina como un espacio subordinado, disponible para la intervención cuando los intereses de las grandes potencias así lo requieran.

El riesgo de este precedente excede largamente el caso venezolano. Cuando una potencia se arroga la facultad de intervenir militarmente para remover gobiernos, la soberanía deja de ser un principio rector y el orden internacional se vuelve frágil y arbitrario. La posibilidad de declarar a un Estado “enemigo” y actuar en consecuencia instala una lógica de fuerza que amenaza la paz regional y debilita cualquier marco común de protección.

Esta situación también expone la responsabilidad de la comunidad internacional y el debilitamiento de los organismos multilaterales de derechos humanos. Su falta de respuestas eficaces frente a violaciones graves no puede ser la antesala para que los Estados más poderosos se erijan en jueces y ejecutores. Por el contrario, refuerza la urgencia de fortalecer estos espacios, dotarlos de legitimidad y capacidad real de intervención, y sostener el multilateralismo como único camino para la resolución de los conflictos.

El pueblo venezolano merece una salida que ponga fin a la represión, garantice verdad y justicia frente a las violaciones cometidas y permita reconstruir la vida social y política del país. Esa salida no puede imponerse por la fuerza ni desde intereses externos. Debe ser democrática, pacífica y construida con la participación efectiva de la sociedad venezolana, respetando su soberanía sobre el territorio y sus recursos.

En medio de este escenario de violencia, incertidumbre y abuso de poder, reafirmamos un anhelo que también es una exigencia ética y política: que la voz vuelva al pueblo venezolano, que se restablezcan las vías democráticas y que la región no retroceda hacia un orden donde la guerra sustituya al derecho y la fuerza se imponga sobre la dignidad de los pueblos. 

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Documento relacionado
Hora de Obrar adhiere a los comunicados: 

Denunciamos el ataque a Venezuela y pedimos respeto por los derechos humanos. Organizaciones de la Sociedad Civil Argentina.

ALERTA POR LA PAZ REGIONAL: Un llamado urgente a la protección de la vida, la soberanía y el Derecho Internacional. Alianza ACT.