En los primeros seis meses de gestión el gobierno argentino desmanteló 24 políticas públicas de cuidado y otras 16 están en riesgo. Lo revela un informe intersectorial del CELS, organizaciones sociales, de derechos humanos, iglesias, sindicatos y fuerzas políticas. “La subejecución y el vaciamiento de los programas implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan”.
Por: Mariana Malgay
En junio se publicó el segundo informe de la mesa intersectorial “la cocina de los cuidados”, que da seguimiento y produce información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados.
Entre los principales emergentes del segundo trimestre de 2024 el estudio revela que, de 47 políticas de cuidados relevadas, se derogaron o desmantelaron 24, hay 16 en peligro y sólo 7 están vigentes. Las niñeces, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres y diversidades son los grupos más desamparados ante el retiro del Estado.
Los gastos totales “acumulados a mayo cayeron 27%” en relación a 2023. Lo único que el gobierno de Milei no recorta es el pago de intereses de deuda que “creció 1,5% interanual”. Mientras tanto, las jubilaciones “disminuyeron 25,8% y explican 9 puntos de la reducción del gasto”. La caída del salario real y la recesión ya se sienten: “A los últimos datos oficiales de pobreza –que señalan 41% para el segundo semestre de 2023– puede proyectarse una suba en línea con lo observado por la UCA (del 44% al 55%)”, alerta el informe.
Por otro lado, indica que “el gobierno deja en pie sólo las políticas de transferencia de ingresos directa”, que “aunque son necesarias” “no resuelven las problemáticas, no mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado –y su apoyo a las organizaciones– en los territorios.” Entre estas políticas se encuentran la asignación universal por hijo, que se incrementó, y las asignaciones por la “ley de los 1000 días” que apunta a proteger la primera infancia, y está subejecutada.
El Estado se retira del territorio con el cierre de representaciones federales como “Centros de Desarrollo Territorial, los Centros de Acceso a la Justicia, las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y PAMI, los equipos del plan ENIA”.
El monitoreo destaca que “con el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desarme de las políticas contra la violencia de género y la propuesta de desandar la moratoria en la Ley Bases, el gobierno instaló un clima de negación de las probadas desigualdades sociales en razón del género”. Este informe pone el foco en las trabajadoras de casas particulares y las cuidadoras comunitarias: “Al contexto de falta de provisión de alimentos y subsidios de mantenimiento a comedores, se suma la pérdida del poder adquisitivo de la prestación del Potenciar”, el programa que brindaba medio salario mínimo a trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
En este escenario de desampaño, las organizaciones y movimientos sociales están siendo atacadas “por varias vías –judicial, represivo, mediático, normativo y económico” y esto “obstaculiza” la primera respuesta en territorio porque son ellas las que proveen educación, alimento, acceso a la salud y protección a las personas más vulneradas.
Cada tres meses, la cocina elabora una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria.
Informe disponible en:
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2024/06/La-cocina-de-los-cuidados-2-24JUN.pdf