La normativa busca proteger a las comunidades originarias ante posibles desalojos y obliga al Estado a realizar un relevamiento catastral de las tierras. Fundación Hora de Obrar firmó un petitorio para reclamar la prórroga, a días vencerse los plazos para cumplir con lo estipulado en la ley.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia el gobierno argentino prorrogó por cuarta vez la emergencia en materia de posesión de tierras comunitarias indígenas. De esta manera se suspenden sentencias de desalojo y desocupación, se le asigna una nueva partida presupuestaría de 290 millones de pesos y se obliga al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a presentar un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral. La Ley de Emergencia Territorial 26.160 fue sancionada en el 2006 con el objetivo de relevar las tierras habitadas por las comunidades indígenas en el país.
Según un informe presentado por organizaciones y referentes indígenas, el Estado identificó en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI) 1.532 comunidades, de las cuales sólo 49 por ciento inició el proceso. “El relevamiento es una constatación de dónde están asentados los pueblos indígenas que consiste en: relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; de la mano de las comunidades, relevar los territorios y volcarlos en un ‘mapa’”, detalla el documento.
Avanzar con la implementación plena de la ley 26.160 implica, entre otras cuestiones, reconocer la obligación del Estado de generar procesos participativos para ratificar la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en el país, narrar la historia de su uso y ocupación. Desde aquí, la norma permite a los pueblos indígenas establecer la titulación comunitaria de sus territorios, además de brindar herramientas jurídicas para frenar los desalojos hasta tanto no finalice el relevamiento.
“Es preciso que Argentina avance en el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria, a través de la entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan, respetuosos de las lógicas y costumbres indígenas”, resalta el informe.
La presión de las comunidades indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil
La decisión se produce gracias al llamado a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina, históricamente invisibilizados y sometidos a situaciones de extrema pobreza y exclusión social. Desde hace meses las comunidades y organizaciones indígenas, organismos de derechos humanos y numerosas organizaciones políticas, sociales, culturales, de comunicación y sindicales, se encontraban movilizadas para visibilizar la necesidad de que el Estado prorrogara nuevamente la norma. En este marco, Fundación Hora de Obrar, acompañó la firma de una solicitada. A continuación el texto completo de la solicitada.
¡SÍ A LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160! Octubre 2021.-
Frente a la violenta campaña mediática, los pueblos indígenas reafirmamos «Si a la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial” y “Urgente sanción de la Ley de Territorio Comunitario/Propiedad Comunitaria Indígena».
En Argentina, existimos más de 40 Pueblos Naciones Originarias con más de 2.000 comunidades que habitamos a lo largo y ancho de todo el país, y mantenemos vivas más de 16 lenguas ancestrales.
A la fecha menos de la mitad de las Comunidades han sido relevadas por la ley 26160; no obstante, la aplicación de la norma ha tenido un avance significativo en su primera y segunda prórroga, cuando la ley ha contado con un presupuesto para llevar adelante su aplicación en convenios con las provincias.
La tercera prórroga, fue aprobada en el 2017 por unanimidad en el parlamento legislativo, pero sin presupuesto para realizar los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales.
A poco tiempo de su vencimiento, 25 de noviembre del corriente año, hacemos un llamado a las y los legisladores que componen tanto la Cámara de Senadores como de Diputados a que tengan la voluntad política de hacer cumplir los derechos constitucionales de las y los ciudadanos indígenas.
Tal como se comprometieron a darle tratamiento y aprobación a la prórroga de la ley 26160, las y los diputados que recibieron a una comisión de referentes indígenas donde se les entregó un documento con la adhesión de más de 300 comunidades, organizaciones indígenas, sociales y políticas, entre otras.
Es una deuda del Estado Nacional y de los estados provinciales, a través de la administración de los diferentes signos políticos, dar cumplimiento a la demanda Constitucional y garantizar seguridad jurídica para que los Derechos de los Pueblos Indígenas no se sigan vulnerando, hasta llegar a estigmatizarnos calificándonos de “terroristas” como está pasando con el Pueblo Mapuche.
En este sentido vemos como está exacerbando el racismo a los efectos de desconocer y demonizar nuestros Derechos colectivos a favor de un grupo de empresarios que pretenden adueñarse de nuestros territorios ancestrales y seguir depredando lo que queda de la naturaleza a través de incendios y desmontes, todo en pos de los negociados inmobiliarios, expansión de la franja agrícola para monocultivos, extractivismo, entre otros, como en épocas de la colonia.
Los Pueblos Originarios somos Preexistentes a los Estados, contamos con una gran y rica diversidad cultural e idiomas diferentes a la cultura del mundo occidental.Llevamos en nuestra idiosincrasia una cultura en relación y respeto a la vida, al resguardo y al cuidado de la naturaleza, a la diversidad biológica que es el reaseguro de la especie humana en todas sus formas.
Los Pueblos Originarios somos respetuosos de las normas, tenemos nuestras nacionalidades como identidades histórico-culturales y nos reconocemos ciudadanos argentinos o de doble ciudadanía de acuerdo a los territorios ancestrales que nos han sido demarcados por las fronteras establecidas por la conformación de los Estados Modernos, que fueron consolidados en base al más grande genocidio perpetrado en la historia de la humanidad.
Para frenar la violencia y la violación de los Derechos Humanos, instamos a todas las fuerzas políticas tengan celeridad en dar tratamiento a las demandas históricas de los Pueblos Originarios en el cumplimiento de la Carta Magna.
* Si a la prórroga de la ley 26160.
* Presupuesto acorde y específico para la ejecución del relevamiento territorial.
* Tratamiento inmediato de la Ley de titulación de los Territorios Comunitarios.
* Puesta en marcha del derecho de “otras tierras APTAS Y SUFICIENTES” establecido en la Constitución Nacional para resolver la situación de las comunidades que han sido desalojadas.
* Que los relevamientos concluidos se inscriban, para dar publicidad en los
Registros de Catastro y NO se avance con la venta de territorios indígenas.
* Inicio de Juicio político para los Jueces que ordenen los desalojos y violen la ley 26.160 y sus prórrogas.
* Urgente tratamiento a los reconocimientos de Personería Jurídica (RENACI).
* Participación real, representativa y significativa para cumplir con nuestro derecho a la Participación Indígena y la Consulta Previa Libre e Informada, tal como lo estipula el Convenio 169 de la O. I. T., ratificado por el Estado argentino en el 2014 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el 2007.
Nos declaramos en Alerta y Movilización para que se declare la nueva prórroga, y para su CUMPLIMIENTO efectivo.Vamos a estar en Asamblea permanente de seguimiento hasta su sanción y movilizarnos a las casas centrales en los territorios provinciales y también en Buenos Aires.
Hacemos un llamado a estar unidos, en un mismo camino, para la protección de nuestros territorios. Convocamos a todas las comunidades y organizaciones indígenas, a los sectores sociales, populares, sindicales y de la cultura, a estar unidos en estos objetivos para que se cumpla con la Constitución Nacional y los Convenios internacionales de protección de los derechos humanos y derechos indígenas.
Basta de Violencia colonial y racista con las Comunidades Indígenas y sus territorios ancestrales y sagrados.
SÍ a la Prórroga de la Ley Nacional 26160
Propiedad Comunitaria Indígena. Que sea Ley!
EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA
Jallalla! Haylli! Aguyjevéte! Jalaná! Marichiwew! Chey chey!