La última conferencia climática de la ONU dejó más preguntas que respuestas sobre los acuerdos que los gobiernos toman frente al cambio climático. La mirada de Hora de Obrar y de la red ACT Alianza sobre las deudas pendientes y qué se espera de esta COP31.
Lo que Belém de Para dejó a medio camino
La COP30 celebrada en 2025 en Brasil, terminó con la sensación de una oportunidad perdida. Más de ochenta países, con Colombia a la cabeza, pidieron una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo esa propuesta no sobrevivió al texto final.
Se anunció que la financiación para adaptación se triplicaría, pero no se precisó desde qué punto de partida ni con qué obligaciones para los países desarrollados, con plazo demasiado largo, a 10 años.
Por otro lado, el Fondo de Pérdidas y Daños arrancó con recursos que no alcanzan: según ACT Alianza, hasta junio de este año se presentaron 176 pedidos de 119 países por USD 2.800 millones, y la etapa inicial del Fondo cuenta con USD 342 millones.
Finalmente el Plan de Acción de Género quedó adoptado, pero necesita recursos concretos para no ser letra muerta.
En la distancia entre lo que se promete y lo que efectivamente los gobiernos cumplen está el foco de lo que las organizaciones de fe de ACT Alianza observarán en Antalya, Turquía.
Una conferencia que empieza con el termómetro encima
La COP31 se realiza del 9 al 20 de noviembre con una presidencia compartida: Turquía ejerce como anfitrión y Australia conduce las negociaciones.
La conferencia llega en un momento crítico. El Acuerdo de París, firmado en 2015, estableció el compromiso internacional de limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta respecto de los niveles preindustriales, haciendo todos los esfuerzos posibles para que no supere los 1,5 °C. Este límite busca reducir los impactos más graves del cambio climático, como las sequías prolongadas, las inundaciones, las olas de calor, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar.
Un compromiso que ya casi nadie discute pero que con las políticas vigentes no se va a alcanzar. El mundo se encamina a cerca de 3 °C hacia fin de siglo.
Estas cifras tienen consecuencias concretas para la vida de las personas, los ecosistemas y las economías, especialmente en las comunidades que cuentan con menos recursos para enfrentar los impactos climáticos.
La Alianza ACT reclama que se reconozca que hay impactos del cambio climático que superan las posibilidades de adaptación, es decir, las medidas que se toman para prepararse y reducir sus efectos, como enfrentar sequías o inundaciones. Cuando se pierden territorios, viviendas, medios de vida o ecosistemas, se habla de pérdidas y daños, y se necesita financiamiento específico para acompañar a las comunidades afectadas.
Qué esperamos de esta COP
- Que el financiamiento deje de ser una cifra en un comunicado. Pedimos reglas para saber cuánto llega efectivamente a las comunidades, una hoja de ruta de los países desarrollados para cumplir los USD 300.000 millones anuales comprometidos hasta 2035, y que en adaptación y pérdidas y daños predominen las donaciones y no los préstamos que endeudan a los países más vulnerables.
- Transición justa con mecanismos reales: financiada, con participación de las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres y las juventudes, y con protección social para quienes hoy viven de la energía fósil. También con consentimiento libre, previo e informado en los territorios donde se extraen los minerales de la transición energética.
- Mirada de género en el presupuesto y reconocimiento del trabajo de cuidados, que sostiene a las comunidades antes, durante y después de cada desastre y que recae en su gran mayoría sobre las mujeres.
- Escuchar a quienes conocen su territorio desde hace generaciones.
Y en nuestra región, ¿qué está en juego?
En América Latina los incendios forestales, sequías, inundaciones y desplazamientos de grandes poblaciones lamentablemente ya forman parte de la vida cotidiana.
En Argentina, está además, la discusión sobre cómo cuidamos el agua: en abril el Congreso sancionó una reforma de la Ley de Glaciares, promulgada luego por decreto, que modifica el régimen de protección de estas reservas de agua dulce.
Las comunidades de fe estamos en una posición singular: tenemos redes que llegan a lugares donde el Estado y los mercados no llegan, y la confianza de la gente que se construye con los años. Con financiamiento adecuado, esa capacidad puede convertirse en adaptación real, hecha desde abajo y con las comunidades como protagonistas. Por eso, mientras continúan las negociaciones entre los estados, las organizaciones seguimos acompañando transiciones agroecológicas, defendiendo el agua como bien común, reforestando con especies nativas y trabajando junto a mujeres, juventudes e infancias.