Cuatro organizaciones internacionales que representan a unos quinientos millones de cristianos han redactado una carta urgente a los líderes del G20, para pedirles que dejen atrás la quebrada estructura financiera actual y que promuevan una recuperación verdaderamente justa y sostenible.
La misiva, enviada el 13 de julio, ha sido firmada por el Consejo Mundial de Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Federación Luterana Mundial y el Consejo para la Misión Mundial.
En ella las organizaciones expresan su “profunda preocupación” por la forma en que la COVID-19 y la crisis económica derivada de esta provocan de forma persistente la destrucción de vidas y de medios de vida en todo el mundo. “Hasta la fecha, ha causado más de medio millón de muertes, un desempleo masivo, y el aumento de las deudas, de la pobreza y de la desigualdad en muchas partes del mundo”.
Y la COVID-19 se propaga cada vez más rápido.
“Este momento nos brinda una oportunidad sin precedentes para analizar colectivamente el orden actual y ‘reconstruir mejor’ otro sistema que redunde positivamente en la salud, el bienestar y la resiliencia de las comunidades y del planeta, para las generaciones futuras”, instan las organizaciones. “Deseamos hacer aquí hincapié en que las medidas y políticas de recuperación tras la COVID-19 deben ser compatibles con una acción urgente y ambiciosa contra la crisis climática”.
Las personas ya no quieren volver a la “antigua normalidad”, destaca la carta. “Para que estos cambios sean viables y sostenibles, las deliberaciones también deben tener lugar bajo los auspicios de las Naciones Unidas, donde existe una amplia participación de los países y de la sociedad civil”, dice el texto. Es preciso “asignar los recursos financieros adecuados a la salud pública y a la protección social de los cientos de millones de personas cuyos medios de vida han sido diezmados por la pandemia y por las medidas adoptadas ante esta”.
A corto plazo, ello implica la realización generalizada de pruebas y la provisión de equipos de protección, cobertura sanitaria, una vacuna accesible y asequible, subsidios de renta básica, asistencia al desempleo y apoyo para las pequeñas empresas.
La carta insta asimismo a “cancelar las deudas externas de los países de ingresos medios y bajos –que se encontraban en niveles perjudiciales incluso antes de la pandemia– a fin de liberar recursos para que los gobiernos respondan eficazmente ante la pandemia de COVID-19 y así aumentar la resiliencia de las personas y de las comunidades y mejorar sus medios de vida”. Así como “llevar a cabo una reforma fiscal mundial para financiar la recuperación”.