La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia y otras organizaciones de protección de la infancia frente a los proyectos de ley que buscan reducir la edad de punibilidad penal.
Si bien la inseguridad es una realidad que genera dolor, miedo y demandas legítimas de justicia, la baja de la edad de punibilidad no constituye una respuesta eficaz ni justa. Lejos de resolver el problema profundiza las vulneraciones que atraviesan niños, niñas y adolescentes.
“Desde una perspectiva de fe comprometida con los derechos humanos, afirmamos que las infancias y juventudes no son un peligro, sino que se encuentran especialmente expuestas a múltiples violencias estructurales: la pobreza, el avance del narcotráfico en los territorios, la exclusión educativa, la violencia institucional y la falta de oportunidades reales de desarrollo. Responder a esta realidad con más castigo y más encierro implica profundizar el daño”, resaltó Nicolás Rosenthal, director ejecutivo de Hora de Obrar.
Las iniciativas que proponen reducir la edad penal parten de un diagnóstico equivocado. La evidencia estadística y jurídica disponible demuestra que el delito adolescente no representa una emergencia nacional y que el ingreso temprano al sistema penal aumenta las posibilidades de reincidencia, además de vulnerar principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Tal como señalan los comunicados de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) y la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia, estas propuestas se impulsan en un contexto de desfinanciamiento y debilitamiento de las políticas públicas de cuidado, educación, salud e inclusión social, áreas que son centrales para la prevención de la violencia y la construcción de seguridad democrática. Castigar antes, en lugar de proteger mejor, no solo es ineficaz: es regresivo.
Asimismo, se advierte sobre el riesgo de legitimar prácticas de violencia institucional en un escenario donde ya se registran abusos por parte de las fuerzas de seguridad hacia niños, niñas y adolescentes, particularmente en los sectores populares. Bajar la edad de punibilidad otorgaría un marco legal a estas prácticas, en lugar de poner límites claros y fortalecer los mecanismos de protección.
La seguridad y la justicia solo pueden construirse desde políticas integrales, que fortalezcan el sistema de protección de derechos, garanticen el acceso a la educación, la salud, la alimentación, la cultura, el deporte y los espacios comunitarios, y aborden de manera estructural problemáticas como el narcotráfico y la desigualdad social.
La FAIE y la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia, exhortan a los poderes del Estado y a las y los legisladores a rechazar cualquier iniciativa que implique la baja de la edad de punibilidad, y a asumir la responsabilidad de construir respuestas democráticas, basadas en evidencia y orientadas al cuidado de la vida.
“Creemos que a las infancias y juventudes no se les debe más castigo, sino más amor, más cuidado y más derechos garantizados”, concluyó Nicolás Rosenthal.