Más de 60 organizaciones advierten sobre el grave retroceso que implica reformar la Ley de Glaciares

Hora de Obrar adhiere a la profunda preocupación expresada por diversas organizaciones de la sociedad civil, ambientales, sociales, académicas y de derechos humanos, frente al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que propone modificar la Ley N.º 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

A través de una carta abierta, las organizaciones alertan que la iniciativa no busca fortalecer la protección de los glaciares, sino que implica un cambio estructural de orientación: pasar de un régimen de protección efectiva a uno de desprotección condicionada, con consecuencias directas sobre el acceso al agua, la seguridad hídrica y la integridad de ecosistemas clave en un contexto de crisis climática.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras un amplio consenso político y social, constituye una política de Estado orientada a resguardar una de las reservas estratégicas de agua dulce más importantes del país. Se trata de una herramienta fundamental para garantizar el derecho al agua, la vida y el desarrollo sostenible de comunidades enteras, especialmente en regiones áridas y semiáridas.

El proyecto de reforma (P.E. 161/25) propone provincializar la gestión de los glaciares y del ambiente periglacial, habilitando a las provincias a autorizar actividades de alto impacto —como la minería y la explotación hidrocarburífera— sobre ecosistemas que cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica, climática y ecológica. Este giro contradice el espíritu original de la ley, que estableció prohibiciones claras precisamente para evitar daños irreversibles.

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por las organizaciones es la introducción de criterios ambiguos y regresivos, que permitirían excluir glaciares de la protección legal si una autoridad provincial considera que no cumplen una “función hídrica relevante”. Esta redefinición debilita el principio precautorio, transformando la protección ambiental de regla general en excepción, y subordina la ciencia pública a decisiones políticas coyunturales.

Desde una perspectiva constitucional, las organizaciones advierten que la reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que la Nación debe fijar presupuestos mínimos de protección ambiental como piso común para todas las provincias. Ese piso no puede ser rebajado sin violar el principio de progresividad y no regresión ambiental, reconocido tanto a nivel constitucional como supralegal, en particular a través del Acuerdo de Escazú.

Además, los glaciares no pueden ser gestionados como compartimentos aislados: alimentan cuencas interprovinciales, sostienen humedales, biodiversidad y actividades productivas, y garantizan el acceso al agua de millones de personas. Fragmentar su protección es abrir la puerta a nuevos conflictos territoriales, sociales y judiciales, en un país que ya conoce las consecuencias de la disputa por los recursos hídricos.

En un escenario marcado por el estrés hídrico creciente, el retroceso de los glaciares y la profundización de las desigualdades, debilitar la Ley de Glaciares constituye una decisión de enorme gravedad institucional. Las organizaciones firmantes subrayan que no se trata de oponerse al desarrollo, sino de afirmar un principio básico: no hay desarrollo posible sin agua, sin ciencia pública independiente y sin reglas claras que protejan el interés general.

Por todo ello, el documento concluye con un llamado explícito a las y los legisladores nacionales para que rechacen el proyecto de reforma. Defender la Ley 26.639 es una obligación constitucional, democrática e intergeneracional.

La Ley de Glaciares no se toca.

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