Organizaciones de la sociedad civil advirtieron a bancos internacionales que la propuesta oficial frena la fiscalización comunitaria, persigue el trabajo socioambiental y opaca la gestión de la deuda pública.
Comunidades locales, defensores ambientales y organizaciones sociales de Argentina podrían perder su capacidad de controlar cómo se ejecutan los proyectos de desarrollo en sus territorios y cómo se gestiona la deuda pública.
Ante este escenario, Fundación Hora de Obrar junto con Amnistía Internacional Argentina, ACIJ, Poder Ciudadano, FARN, FOPEA, Fundeps y la Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo, solicitaron formalmente a las autoridades del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que intervengan frente a los riesgos del proyecto de «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses» (conocido como “Ley de Lobby”), presentado por el Poder Ejecutivo.
¿Por qué esta ley amenaza la participación ciudadana?
De aprobarse en sus términos actuales, la norma afectará directamente la vida comunitaria y la fiscalización del Estado al imponer:
- Registros obligatorios y burocracia: Exige a cualquier persona u organización inscribirse en un registro estatal para poder reunirse con un funcionario público.
- Sanciones y persecución: Penaliza las actividades de reclamo social y la libertad de expresión, desincentivando las denuncias territoriales.
- Incumplimiento de cláusulas ambientales: Atenta contra las propias exigencias socioambientales que los bancos internacionales requieren para financiar obras públicas.
El impacto en la vida cotidiana de las comunidades
La participación activa de vecinos, comunidades indígenas y organizaciones locales es la única garantía para detectar a tiempo desvíos de fondos, daños ambientales o violaciones de derechos humanos en las obras públicas.
Asimismo, los préstamos de los bancos multilaterales se pagan con recursos fiscales de toda la sociedad argentina. Silenciar a las comunidades y restringir el acceso a los funcionarios equivale a dejar a la ciudadanía sin herramientas para auditar en qué se utiliza el dinero público.
Las peticiones concretas a los organismos financieros
Las organizaciones solicitaron formalmente a la banca de desarrollo:
- Un pronunciamiento público que advierta sobre el impacto de esta iniciativa en los derechos humanos y la participación ciudadana.
- Una revisión técnica de los proyectos financiados en el país para evitar represalias contra las comunidades.
- Diálogo formal con el Gobierno argentino para exigir el retiro o la modificación del proyecto de ley.
📄 Leé y descargá la carta completa presentada a las autoridades multilaterales de desarrollo: